El 1 de julio de 2026, hace menos de una semana, entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad Étnica. Bajo la etiqueta amable de «armonía entre comunidades», el Partido Comunista Chino acaba de blindar jurídicamente algo que llevaba décadas practicando de facto: la asimilación de las minorías étnicas al molde de la cultura han, la mayoritaria, con mandarín obligatorio en las aulas y alcance extraterritorial contra quien, incluso desde fuera del país, «socave la unidad étnica».
Lo llamativo aquí no es solo la ley, sino la hipocresía fundamental que la sostiene. El Partido se presenta como árbitro neutral, preocupado por el desorden que generan los grupos que idealizan la dinastía Ming y niegan legitimidad a siglos de historia china posterior, defendiendo la supremacía han. Pero esa imagen se derrumba en cuanto se mira lo que Pekín hace con las minorías reales, no con los nostálgicos de la estética imperial. En Xinjiang, doce millones de uigures han vivido vigilancia masiva, «centros de reeducación» (campos de concentración) y controles de la natalidad, documentados de forma independiente por la ONU en 2022 como prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Todo ello justificado con el argumento del extremismo y el terrorismo religioso. Intelectuales como Ilham Tohti o etnógrafas como Rahile Dawut no fueron encarcelados por empuñar armas, sino por escribir, investigar y hablar de su propia cultura.
Ahí está la contradicción que el Partido no quiere que veamos: no le preocupa el nacionalismo étnico en sí, le preocupa el que no controla. El nacionalismo han de base es peligroso porque escapa a su relato oficial; el nacionalismo han de Estado, en cambio, se disfraza de «unidad» y se convierte en ley. Se reprime a un obrero de Henan por vestir hanfu con tintes políticos, mientras se encierra a un ciudadano uigur en un «centro de reeducación» por denunciar los abusos o, simplemente, por ser musulman.
No nos engañemos, esta nueva ley no busca la convivencia entre culturas distintas, busca el alineamiento ideológico con el Partido. Y ese alineamiento tiene un color determinado. Setenta y tres años después de que Mao condenara el «gran chovinismo han» como una desviación a perseguir, el Estado que se construyó para evitarlo acaba de legislar, con otro nombre, prácticamente lo contrario.
