Del 2 al 12 de octubre, la Comunidad de Madrid celebra Hispanidad 2026 con más de 200 propuestas bajo el lema «Todos los acentos del español caben en Madrid», y con Estados Unidos como país invitado. El motivo es el 250 aniversario de su independencia. No es un gesto aislado: el 4 de julio, el Gobierno regional iluminó la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera estadounidense. Madrid viste la bandera de otro país en la fiesta de la Hispanidad.
Esto no es una anécdota de cartelería. Es una declaración de intenciones. Ayuso lleva años vendiendo un Madrid que aspira a ser un Miami con mejor clima; una ciudad-escaparate, cosmopolita y sin raíces, donde la cultura autóctona de madrileños y españoles se disuelve en un mercado global de marcas, eslóganes y banderas foráneas. Quien se proclama la campeona del patriotismo entrega la fiesta más simbólica de la identidad española a la potencia que menos ha hecho por ella. Ese servilismo cultural, cipayo y lacayo, no contradice la agenda globalista que dice combatir: es su versión de derechas. El woke y el escaparate atlantista son dos caras de la misma moneda. La disolución de lo propio.
Repasemos, con calma y con datos, quién es el invitado.
Los aliados olvidados
España fue decisiva en el nacimiento de Estados Unidos, y no de forma simbólica. Desde 1776, siendo gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez organizó el contrabando de armas, pólvora, mantas y medicinas hacia los rebeldes a través del Misisipi, antes incluso de que España entrara formalmente en guerra contra Gran Bretaña en 1779.
Declarada la guerra, Gálvez lanzó una campaña militar que ningún manual estadounidense resume bien: tomó Manchac, Baton Rouge y Natchez en 1779; conquistó Mobile en 1780 pese a un huracán que hundió parte de su flota; y en 1781 sitió Pensacola, la plaza fuerte británica del Golfo, donde su buque insignia se negó a entrar en la bahía batida por los cañones del fuerte. Gálvez se embarcó él mismo en el bergantín Galveztown y cruzó bajo fuego enemigo gritando «Yo solo», arrastrando tras de sí al resto de la flota. Pensacola cayó semanas después. Historiadores como Larrie Ferreiro han sostenido que, sin ese frente sur abierto por España, Gran Bretaña habría tenido recursos para sostener mejor su posición en las Trece Colonias.
¿Y el agradecimiento? Llegó, sí, pero con la puntualidad de un moroso. Ya en 1783 hubo expresiones de gratitud del Congreso y el deseo de honrar a Gálvez con un retrato en el Capitolio; ese retrato no se colgó hasta 2014, el mismo año en que Obama le concedió la ciudadanía honoraria estadounidense, un título que solo han recibido ocho personas en la historia del país. Doscientos treinta y tres años para colgar un cuadro. Y no fue por amistad: Estados Unidos no tardó en cobrarse la ayuda a su manera. En 1819, con el tratado Adams-Onís, la Florida que Gálvez había arrebatado a los ingleses pasó a manos estadounidenses, arrancada a una España debilitada que no pudo resistirse.
La guerra que se pagó con un «gracias»
Como muestra de gratitud por la independencia, Estados Unidos dedicó el siglo XIX a mirar hacia Cuba. Desde Nueva York, la Junta Cubana financiaba y armaba la insurrección con el beneplácito tácito de las autoridades estadounidenses, mientras la prensa de Hearst y Pulitzer convertía la guerra colonial en un culebrón de villanos y héroes. Conviene reconstruir la secuencia exacta de aquella campaña, porque es, probablemente, el primer gran ejercicio de manipulación informativa de la era moderna.
El 9 de febrero de 1898, el New York Journal de Hearst publicó una carta privada robada al embajador español Enrique Dupuy de Lôme, en la que este calificaba a McKinley de «débil y politicastro que busca quedar bien con la chusma». El titular rezaba: «El peor insulto a Estados Unidos en su historia». Dupuy de Lôme dimitió y pidió disculpas. Apenas seis días después, en la noche del 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine estalló en el puerto de La Habana y murieron 266 de sus 355 tripulantes.
Sin esperar ningún resultado de investigación, el Journal tituló al día siguiente: «El buque de guerra Maine partido en dos por un artefacto infernal secreto del enemigo». Washington rechazó la propuesta española de una comisión de investigación conjunta, y cada país instruyó la suya por separado. La comisión española concluyó que la explosión se había originado en el interior del barco. La comisión estadounidense, sin inspeccionar el casco junto a los técnicos españoles, dictaminó que una mina submarina había detonado el polvorín. El 28 de marzo, McKinley recibió ese informe; al día siguiente, envió un ultimátum que exigía a España el fin inmediato de la política de reconcentración de Weyler, un armisticio y la aceptación de mediación estadounidense en Cuba.
Aquí es donde la historia se ha reescrito durante más de un siglo. En 1911 un equipo de ingenieros estadounidenses reexaminó el casco y ratificó la tesis de la mina externa. Pero en 1974, el almirante Hyman Rickover, padre de la marina nuclear estadounidense, encargó un estudio metalúrgico independiente que concluyó justo lo contrario: la deformación de las planchas de acero era compatible con una explosión espontánea del carbón almacenado junto al polvorín, un fallo interno, no un ataque. En 1998, un estudio de National Geographic con modelos informáticos volvió a inclinarse levemente hacia la mina externa, sin que la comunidad científica lo diera por zanjado.
Es decir: ciento veintiocho años después, ni siquiera los propios estadounidenses se ponen de acuerdo sobre si hubo sabotaje. Lo que no admite discusión es la secuencia política: la culpa de España se proclamó en titulares antes de que existiera ninguna prueba, y la guerra se declaró sobre un informe unilateral que rechazó de partida contrastar sus hallazgos con los españoles. No hace falta inventar una conspiración para señalar el atropello: basta con leer las fechas.
Es cierto que la reconcentración de Weyler en Cuba fue una política dura, con un coste humano real, y este artículo no lo esconde. Lo que se denuncia es otra cosa: la instrumentalización propagandística de ese sufrimiento por una prensa que fabricó consentimiento para una guerra de conquista. John Hay, futuro secretario de Estado, la llamó sin rubor «una espléndida pequeña guerra».
Para España fue el Desastre: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, cedidos en el Tratado de París sin que Washington pagara nada por Cuba y solo 20 millones de dólares por Filipinas, un archipiélago entero. Y hay una ironía que ni el mejor guionista se atrevería a escribir: este año Guam, botín de aquella guerra, desfila en la Cabalgata de la Hispanidad por la Gran Vía, invitada por la propia Comunidad de Madrid.
Bases a cambio de lentejas
Tras la Segunda Guerra Mundial, España no fue considerada elegible para el Plan Marshall por la actitud del régimen de Franco durante la contienda, y quedó aislada internacionalmente hasta 1950. Cuando por fin llegó la ayuda, fue mucho menor que la de sus vecinos europeos, y llegó atada a contrapartidas militares.
Los Pactos de Madrid de 1953 instalaron cuatro grandes bases estadounidenses —Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza— a cambio de ayuda económica y militar. Y aquí llega el primer dato que conviene subrayar: aquellos pactos se firmaron como simples acuerdos ejecutivos («executive agreements»), no como tratados internacionales, precisamente porque un tratado habría necesitado la ratificación de dos tercios del Senado estadounidense y no la habría conseguido.
Washington diseñó deliberadamente el marco jurídico más débil posible para no comprometerse formalmente con la defensa de España, mientras obtenía bases operativas en su territorio. España cargó con las obligaciones de un aliado sin recibir las garantías de un aliado. Las bases, además, convirtieron a España en objetivo militar soviético sin que Madrid tuviera ni voz ni voto en su uso, como se demostró en 1966 con el accidente de Palomares, donde un B-52 estadounidense con cuatro bombas termonucleares se estrelló sobre suelo español.
Islero, Carrero y la pregunta que nadie responde
España quiso tener capacidad nuclear propia. El Proyecto Islero, impulsado desde la Junta de Energía Nuclear a finales de los sesenta, avanzó en el diseño de un artefacto nuclear español. Bajo presión diplomática estadounidense, condicionada a la renovación de los acuerdos de bases, Franco lo congeló progresivamente; tras su muerte, Washington impuso las salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica en 1981, y el proyecto quedó desmantelado oficialmente en 1987, ya bajo el Gobierno de Felipe González. La soberanía militar más sensible que España pudo haber tenido en el siglo XX se decidió, en última instancia, en Washington.
Y queda el 20 de diciembre de 1973. El día 19, Henry Kissinger , quien por entonces era secretario de Estado, se reunió en Madrid con Carrero Blanco para tratar, entre otras cosas, la renovación del acuerdo de bases, que expiraba en 1975, y la negativa española a dejar usar su territorio durante la Guerra del Yom Kippur para el puente aéreo israelí, algo que había exasperado a Kissinger meses antes.
Al día siguiente, camino de la misa de las nueve en la iglesia de los jesuitas de la calle Claudio Coello ,a menos de doscientos metros de la embajada estadounidense, el coche de Carrero Blanco saltó por los aires con un explosivo colocado en un túnel bajo la calzada. ETA reivindicó el atentado, que en principio estaba previsto para dos días antes, pero se aplazó por la presencia de Kissinger en Madrid, lo que obligó a los etarras a dejar el explosivo sin vigilancia en el sótano alquilado desde el que excavaron el túnel.
Lo que sigue son hechos documentados, no una teoría cerrada. La periodista Pilar Urbano recogió el testimonio de un magistrado de la instrucción que llegó a declarar que tenía «la convicción cada vez más sólida de que la CIA supo que iban a matar a Carrero». Los cables de la embajada estadounidense en Madrid, desclasificados años después, incluyen una valoración interna según la cual «el mejor resultado que puede surgir sería que Carrero desaparezca de la escena», en referencia al inmovilismo que representaba el almirante frente a cualquier apertura del régimen.
El resumen diario que la CIA remitió al presidente Nixon al día siguiente del atentado admitía desconocer la causa de la muerte y, sorprendentemente, la vinculaba a una posible fuga de gas. El historiador Charles Powell, más escéptico con las tesis conspirativas, ha argumentado que el contenido de la reunión entre Kissinger y Carrero no sustenta la hipótesis de un magnicidio por represalia diplomática, y otros investigadores como Gaizka Fernández Soldevilla remiten la autoría íntegramente a ETA sin intervención exterior.
No hace falta zanjar aquí lo que ni los historiadores han zanjado. Pero hay una pregunta legítima que no se resuelve con un tabú, sino repitiéndola: ¿a quién beneficiaba la desaparición de un presidente inmovilista, empeñado en no ceder ante Washington en plena negociación de bases, apenas unas horas después de reunirse con el hombre que necesitaba esa cesión? Cui prodest. La coincidencia de fechas no es una prueba. Es una razón para seguir preguntando y para exigir la desclasificación íntegra de todos los archivos, españoles y estadounidenses.
Lo que sí está fuera de toda duda es lo que vino después, documentado en 1,7 millones de cables diplomáticos desclasificados por WikiLeaks y analizados en profundidad por la prensa española: el entonces príncipe Juan Carlos se convirtió, según esos cables, en informante habitual del embajador estadounidense Wells Stabler, trasladando información reservada sobre la evolución interna del régimen a cambio del respaldo de Washington a su ascenso al trono.
El mismo día de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, Kissinger llamó personalmente a Juan Carlos para garantizarle una «evolución gradual y realista», y le hizo saber que si recibía presiones del Departamento de Estado para acelerar la democratización, «se lo hiciera saber», y que si venían de cualquier otro, «simplemente las ignorara». En un cable de noviembre de 1975 marcado como secreto, Kissinger instruyó a su embajador ante la OTAN para reactivar las gestiones de ingreso español en la Alianza subrayando «las posibilidades que se abren ahora para Occidente para alentar la moderación». En 1976 se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, ya con Juan Carlos I como rey, que renovaba el uso de las bases; España no entraría en la OTAN hasta 1982. El patrón se repite con nitidez: la transición española a la democracia, presentada como una gesta puramente nacional, estuvo tutelada desde Washington con el único objetivo declarado de asegurar el acceso a las bases militares y la integración española en el bloque occidental.
Después llegaron nuevos episodios de la misma dependencia. El ingreso en la OTAN en 1982, ratificado por referéndum en 1986 tras el giro de Felipe González, consolidó a España dentro del paraguas estratégico estadounidense. En 2003, José María Aznar posó junto a Bush y Blair en las Azores para avalar la invasión de Irak, una guerra a la que se oponía una inmensa mayoría de la sociedad española y que se libró sin mandato de Naciones Unidas.
Marruecos, o cómo se arma al enemigo histórico
Y llegamos a hoy. El 30 de julio de 2026, coincidiendo con el aniversario de la entronización de Mohamed VI, varias decenas de miles de jóvenes marroquíes cruzaron de forma masiva y descontrolada hacia Ceuta. Los servicios de inteligencia españoles y la Policía Nacional atribuyeron a las autoridades marroquíes distintos grados de implicación en aquella entrada, y el Parlamento Europeo llegó a calificar la instrumentalización de la inmigración como una «herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial» de un Estado miembro.
No es una interpretación aislada: medios españoles la definieron abiertamente como una demostración de fuerza de Rabat, aprovechando a jóvenes sin futuro como arma de presión diplomática, en un patrón que ya se había ensayado en 2021 con la entrada de más de ocho mil personas en pocos días.
¿Y qué hizo Washington mientras decenas de miles de personas cruzaban la frontera y más de un centenar morían en el intento? Felicitar a Mohamed VI. Trump le envió un mensaje de felicitación por el aniversario de su trono en plena crisis, alabando su «sabio liderazgo» y reafirmando el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un giro diplomático que Washington ya había iniciado en 2020 a cambio de que Marruecos reconociera a Israel.
Días antes de la invasión de Ceuta, la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluyó en el informe que acompaña la ley de gastos de Seguridad Nacional para 2027 una frase que debería haber generado un escándalo diplomático de primer orden en España: que Ceuta y Melilla son «territorios administrados por España» pero «situados en territorio marroquí», invocando una supuesta alianza bilateral de 1786 con Marruecos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, aliado cercano del secretario de Estado Marco Rubio, llegó a declarar públicamente que «Ceuta y Melilla no están en España sino en Marruecos» y que «estas cosas se discuten entre amigos y aliados». El mismo paquete reserva a Rabat veinte millones de dólares en financiación y seguridad militar.
No es un gesto retórico aislado. Estados Unidos mantiene ventas militares activas a Marruecos por más de 8.500 millones de dólares y firmó en 2026 una hoja de ruta de defensa bilateral para el periodo 2026-2036 que abre a Rabat el acceso a armamento reservado normalmente a socios de la OTAN, incluidos potencialmente cazas F-35 y el sistema de comunicaciones militares Link-16. Marruecos es, no lo olvidemos, un país con el que España mantiene disputas de soberanía abiertas, reivindicaciones territoriales explícitas sobre Ceuta y Melilla desde 1956, y que acaba de protagonizar lo que las propias instituciones europeas describen como un ataque híbrido contra la integridad territorial española. Y ese es exactamente el país al que Washington arma hasta los dientes mientras felicita a su monarca en pleno asalto a la frontera. Esa es la «relación especial» que algunos quieren vender en un cartel de la Hispanidad.
Por si hiciera falta una prueba más reciente de cómo entiende Washington la lealtad de sus socios, en marzo de 2026, cuando España se negó a que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón con fines ofensivos durante la guerra con Irán, Trump amenazó públicamente: «Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España». Era un socio comercial con el que Madrid había movido 47.500 millones de dólares en intercambios el año anterior. Ese es el aprecio que merece España cuando se atreve a decir que no.
El español, marginado en su propia segunda casa
Estados Unidos alberga más de 40 millones de hispanohablantes nativos y hasta 58 millones si se cuentan hablantes de herencia, una comunidad mayor que la población de España entera. El español es la segunda lengua más hablada del país. Y sin embargo, el 1 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que declaró el inglés idioma oficial federal de Estados Unidos ,un país que, hasta ese momento, en 250 años de historia, nunca había tenido una lengua oficial reconocida por ley, y derogó la política que obligaba a las agencias federales a garantizar el acceso lingüístico a quienes no dominan el inglés.
El propio Instituto Cervantes, en su Anuario 2025, advirtió sin rodeos de que esa decisión «podría ir en detrimento de derechos sociales y lingüísticos alcanzados, heredados o adquiridos por la población hispana», y su director, Luis García Montero, señaló que el español «que les ha transmitido su familia no está valorado en algunas sociedades en las que residen y acabarán perdiéndolo si no ponemos remedio». En julio de 2025 el Departamento de Justicia ordenó reducir gradualmente las ofertas multilingües «innecesarias» en la administración federal, y la propia web de la Casa Blanca perdió su versión en español, disponible desde hacía años.
Seamos rigurosos, porque el rigor golpea más fuerte que la exageración. No es que se haya prohibido hablar español en la calle, ni es delito. Pero la lengua de la Hispanidad ha pasado de gozar de un reconocimiento de facto, aunque imperfecto, a estar deliberadamente arrinconada por decreto en las instituciones del Estado que más hispanohablantes concentra fuera del mundo hispano. Y no es la primera vez: entre 1902 y 1948, la lengua de instrucción obligatoria en las escuelas públicas de Puerto Rico ,territorio estadounidense desde el Desastre del 98, fue el inglés, impuesto contra la voluntad de la población.
A esa marginación institucional se suma, en el terreno simbólico, el revisionismo que llamamos negrolegendarismo. En junio de 2020, en pleno auge del movimiento woke universitario, fue derribada en Los Ángeles una estatua de fray Junípero Serra, evangelizador franciscano de California; otra corrió la misma suerte en San Rafael, donde cinco personas fueron detenidas por el derribo. Ese mismo verano, estatuas de Colón y hasta de Cervantes sufrieron ataques o pintadas en campus y plazas estadounidenses, dentro de una ola que trató la presencia hispana en América como si fuera indistinguible de la colonización anglosajona que hoy reniega de ella. El mismo movimiento que en Estados Unidos borra monumentos y reescribe la historia hispana como una mancha que limpiar, es, paradójicamente, el que Ayuso dice combatir en Madrid mientras invita a su fiesta a la potencia donde ese movimiento nació y se institucionalizó.
Dos maneras de hacer un imperio
Gustavo Bueno distinguió entre imperios depredadores, que saquean, desplazan y expulsan, e imperios generadores, que incorporan, mestizan y crean instituciones nuevas. Estados Unidos nació en la primera categoría: colonos puritanos que desplazaron sistemáticamente a las poblaciones nativas hacia el oeste, amparados en una lectura radical del protestantismo que concibió el continente como tierra prometida reservada a los elegidos, y una frontera que se entendía como vacío a ocupar, no como pueblo a incorporar. Hispanoamérica nació, con sus luces y sus sombras ,que este artículo no oculta ni pretende blanquear, en la categoría opuesta: universidades fundadas en Santo Domingo, Lima y México ya en el siglo XVI, un intenso mestizaje biológico y cultural que hizo de la mezcla la norma y no la excepción, y un debate jurídico sobre los derechos de los pueblos indígenas, el de Salamanca y la Escuela de Vitoria, que no tiene parangón en la colonización anglosajona del mismo periodo.
No es una defensa acrítica del pasado español, que tuvo abusos, violencia y explotación reales. Es una constatación: la Hispanidad es, en su raíz, una comunidad de lengua, fe y cultura que se reproduce mezclándose, no expulsando. Y esa diferencia de naturaleza, no solo de época, es la que hace de Estados Unidos un adversario existencial de lo que la Hispanidad representa, más allá de cualquier episodio concreto de su historia común.
Celebremos lo nuestro
Estados Unidos no es amigo de la Hispanidad ni tiene nada que ver con ella. Desde Gálvez hasta Ceuta, pasando por el Maine, las bases, Islero y el idioma perseguido por decreto, su relación con lo hispano ha sido de conveniencia cuando convenía y de desprecio cuando no. Su presencia en el cartel de este año no responde a ninguna razón histórica ni cultural, sino a un deseo cipayo de someterse culturalmente a la potencia del momento. Ayuso se equivoca de fiesta y de bandera.
Que este 12 de octubre sea el de la Hispanidad de verdad: la de 520 millones de hablantes nativos de español en el mundo, la de Gálvez, Cervantes y fray Junípero, la de las lenguas y las gentes que nos unen a un lado y otro del Atlántico. Celebrémosla sin complejos y sin invitados de conveniencia, y señalemos a quienes la dejan diluirse, ya sea por servilismo atlántico o por revisionismo woke. Hispanidad, sí; sucursal, no.
