Cada 12 de octubre, mientras algunos discuten si celebrar o pedir perdón, conviene preguntarse por algo más concreto: dónde está el arte de la Hispanidad y quién lo tiene.
Cada 12 de octubre se repite el mismo ritual. Unos nos piden perdón por un pasado que ellos mismos no han leído, y otros agitan banderas sin saber qué hay en las salas de su propio Prado. Mientras tanto, el patrimonio artístico de la Hispanidad, esa civilización de lienzos, retablos, orfebrería, códices y piedra que España y sus reinos levantaron a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, se exhibe a miles de kilómetros bajo etiquetas ajenas, con carteles en inglés y francés que raramente cuentan cómo llegó hasta allí. Hablemos de cómo llegó.
El expolio en tierra: de Napoleón a Hearst
Si hay un episodio que merece el adjetivo de expolio sistemático, es la Guerra de la Independencia. Napoleón no vino solo con ejércitos, vino con la convicción de que el arte es botín del vencedor, algo que ya había practicado en Italia y trajo a la Península. José Bonaparte, el rey intruso, suprimió los conventos por decreto en 1809, y con ellos se incautaron miles de obras que quedaron a disposición del nuevo poder. Parte de ese material se destinó a un museo josefino que nunca llegó a abrir, y otra parte tomó el camino de Francia.
El caso emblemático es el del mariscal Soult, que ocupó Sevilla en febrero de 1810 y puso a sus oficiales a trabajar como tasadores. Se llevó pinturas de conventos e iglesias andaluzas, con una especial querencia por Murillo y Zurbarán, y formó una de las colecciones más codiciadas de París. La joya era la Inmaculada que hoy llamamos «de Soult». Tras la muerte del mariscal, sus herederos la vendieron y el Louvre la compró en 1852 por 615.000 francos, un récord para una pintura en subasta en aquel siglo. Léanlo despacio: el Estado francés pagó una fortuna por un cuadro que su ejército había sacado de España. Eso se llama receptación, aunque con el tiempo lleve placa de museo.
Vitoria 1813, la paradoja de Apsley House
Para ser rigurosos hay que contar también el episodio que más incomoda a los reivindicativos. En la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, Wellington capturó el convoy de José Bonaparte en su huida, con casi dos centenares de lienzos arrancados de las colecciones reales y de otras españolas. Los llevó a Londres y, según la tradición, ofreció devolverlos a Fernando VII, que respondió con un gesto de gratitud que los dejó en propiedad del general. Hoy cuelgan en Apsley House, con el Aguador de Sevilla de Velázquez a la cabeza. ¿Robo británico? No.
Fue el botín de un ladrón francés, confiscado por un general inglés y regalado por un rey español. Es el episodio más cínico de todos, porque aquí el expolio acabó legitimado por quien debía defender lo expoliado. Fernando VII, que tanto presumía de Deseado, se desprendió con una sonrisa de lo que no era suyo sino de la Corona, es decir, de todos los españoles.
Europa compra lo que Europa saqueó: la Galerie Espagnole
Terminada la guerra, el saqueo no cesó, solo cambió de manos y se hizo más elegante. En 1835 el barón Taylor recorrió España por encargo de Luis Felipe de Orleans para formar una Galerie Espagnole en el Louvre, y adquirió obras de primer nivel justo cuando la desamortización de Mendizábal lanzaba al mercado el patrimonio de las órdenes religiosas. La galería abrió en 1838 y, cuando el rey fue destronado, su colección se dispersó en una subasta en Londres en 1853, de modo que zurbaranes, murillos y grecos que habían sido de iglesias y conventos acabaron repartidos por Europa y Estados Unidos. Esto no fue robo, fue venta. España, arruinada y políticamente destrozada, malvendió su propio patrimonio, y el primer culpable de que esas obras estén fuera es un Estado incapaz de protegerlas.
El siglo XX: Hearst, Berlanga y la Dama de Elche
El siglo XX ofrece la versión industrial. En 1925, William Randolph Hearst compró el monasterio cisterciense de Santa María de Sacramenia, en Segovia, y lo envió a Estados Unidos desmontado, piedra a piedra, en miles de cajas. Los controles sanitarios por la fiebre aftosa obligaron a abrirlas y las piedras se mezclaron; durante años el monasterio durmió en un almacén de Brooklyn hasta que fue reconstruido, ya con otro destino, en Florida, donde hoy es un reclamo turístico con bodas incluidas.
No hubo saqueo, hubo una legislación de exportación que era un colador y una élite local que miraba a otro lado. Al mismo tiempo, anticuarios arrancaban frescos románicos de ermitas como San Baudelio de Berlanga, que fueron a parar a museos norteamericanos; algunos regresaron más tarde mediante acuerdos de depósito, otros siguen allí. Y está la Dama de Elche, hallada en 1897 y vendida enseguida al Louvre, que volvió a España en 1941 gracias a un canje con la Francia de Vichy, el mismo en el que regresó la Inmaculada de Soult que Francia había comprado en 1852. Que el retorno de la obra cumbre de nuestro arte ibérico dependiera de un trueque con un régimen colaboracionista dice bastante de cómo se ha gestionado este asunto.
La batalla del fondo del mar: pecios y litigios
Hay un frente donde España ha peleado mejor, y es el del fondo del mar. Una trinchera de «batalla» en la que la pericia diplomática y un marco jurídico internacional han dado resultados favorables.
La Mercedes: un crimen de Estado
Para entenderlo hay que empezar por el crimen. El 5 de octubre de 1804, frente al cabo de Santa María, en el Algarve, cuatro fragatas británicas interceptaron a otras cuatro españolas que regresaban del Río de la Plata con caudales procedentes del Perú. Gran Bretaña y España no estaban en guerra: la declaración británica llegó semanas después, cuando el ataque ya era un hecho. Tres de las fragatas españolas fueron apresadas y la cuarta, la Nuestra Señora de las Mercedes, voló por los aires con unas doscientas cincuenta personas a bordo. Entre ellas iban la mujer y ocho de los hijos del jefe de escuadra Diego de Alvear, que lo contempló todo desde otro buque. Fue un acto de piratería de Estado, y el pecio es, además, una tumba.
Doscientos tres años después, en mayo de 2007, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció el hallazgo de un cargamento de unas diecisiete toneladas, con cerca de seiscientas mil monedas de plata, bajo el nombre en clave de «Black Swan». Nunca dijo de qué barco procedía. Las monedas viajaron a Florida y España fue a los tribunales de Tampa.
Su argumento era sencillo y de manual: un buque de guerra conserva su inmunidad soberana aunque se hunda, y esa inmunidad no se pierde por el paso del tiempo ni por el abandono, salvo renuncia expresa del Estado. Se apoyó en la Ley de Inmunidades de Estados Soberanos de 1976 y en el Tratado de Amistad entre España y Estados Unidos de 1902, cuyo artículo X protege los buques naufragados de cada país. La jueza Susan Bucklew falló a favor de España en 2009, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito lo confirmó en 2011 y el Tribunal Supremo estadounidense se negó a revisar el caso. Perú, que alegaba que las monedas se habían acuñado en Lima, y varios descendientes de los pasajeros también reclamaron, y fueron rechazados por falta de legitimación. En febrero de 2012 el tesoro volvió a España en aviones del Ejército del Aire. Hoy se conserva en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. La reclamación peruana merece una nota al margen, porque recuerda que estos botines casi nunca tienen un solo dueño moral.
Otros precedentes y los límites de la ley
No es el único precedente. En los primeros años 2000, los tribunales estadounidenses dieron la razón a España respecto a las fragatas Juno, naufragada en 1802 frente a la costa de Virginia, y La Galga, perdida en 1750, frente a cazatesoros que sostenían que eran bienes abandonados. El tribunal de apelaciones del Cuarto Circuito entendió que un Estado no abandona sus buques de guerra por dejarlos en el fondo del mar, sino solo si lo declara expresamente. Pero las victorias son desiguales y dependen del tablero. El hallazgo de la Nuestra Señora de Atocha en Florida acabó en manos del cazatesoros Mel Fisher tras largos litigios con el Estado de Florida y el Gobierno federal, sin que España reclamara. Los restos de la Armada Invencible en la costa irlandesa, como la galeaza Girona, fueron recuperados en los años sesenta por un buceador belga y expuestos en Belfast. Y existe un instrumento que debería haber cambiado las reglas, la Convención de la UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático, que España ratificó en 2005, pero que ni Estados Unidos ni el Reino Unido han firmado.
El galeón San José: el caso abierto
El caso que ahora está sobre la mesa es el del galeón San José, hundido por una escuadra británica frente a Cartagena de Indias el 8 de junio de 1708, con un cargamento calculado en millones de monedas y piezas de oro y plata. Colombia anunció su localización en 2015 y lo reivindica por yacer en sus aguas, España lo reclama como buque de Estado y, por si fuera poco, la empresa estadounidense Sea Search Armada alega haber descubierto el pecio en los años ochenta y ha acudido a tribunales y a un arbitraje internacional por su parte del tesoro. Aquí la cuestión ya no es solo quién lo robó, sino quién tiene derecho a custodiar un patrimonio común de dos países que comparten historia. El estado actual de estos procedimientos conviene comprobarlo antes de publicar, porque ha cambiado varias veces.
Cuando España presenta una reclamación jurídica seria, con documentos, con persistencia y con un Estado detrás, a veces obtiene lo que pide. Cuando se limita a la queja de salón, no consigue nada.
La Hispanidad más allá de la Península
Pero la Hispanidad no cabe en la Península, y quien discuta el patrimonio solo con la geografía de Madrid o Sevilla se deja fuera la mitad del mapa.
Empecemos por el rincón más olvidado, Filipinas, la única nación asiática que fue durante más de tres siglos parte de la Monarquía Hispánica y a la que hemos tratado como si nunca hubiera existido. En 1898 los Estados Unidos se la quedaron por veinte millones de dólares en el Tratado de París, como quien compra una finca, y con ella se quedaron lo que había dentro. El símbolo es el de las campanas de Balangiga. Pertenecían a la iglesia de San Lorenzo Mártir, en la isla de Samar, es decir, a una parroquia levantada y servida durante la época española.
Tras el ataque filipino del 28 de septiembre de 1901 que mató a decenas de soldados estadounidenses, el ejército respondió con una campaña de represalia brutal en la isla y se llevó las campanas como trofeo de guerra. Dos acabaron en una base aérea de Wyoming y una tercera en una base en Corea del Sur. Hicieron falta más de cien años de reclamaciones, y la presión política de Manila, para que las tres volvieran a Balangiga en diciembre de 2018. Si hay algo que enseña esta historia es que un trofeo puede devolverse, pero solo si alguien lo reclama sin descanso.
Y a ello se suma lo que no volverá: en 1945, la batalla de Manila arrasó buena parte de Intramuros, la ciudad fundada por los españoles, y con ella iglesias, conventos, archivos y bibliotecas. La capital filipina quedó entre las más destruidas de la guerra, y el castellano, que perdió su carácter oficial con la Constitución de 1987, sigue desapareciendo con ella. Si de verdad creemos que existe algo llamado Hispanidad, Filipinas debería estar en cada discurso del 12 de octubre, y casi nunca está.
Hispanoamérica: un panorama largo e incómodo
En Hispanoamérica el panorama es tan largo como incómodo. El Códice Mendoza, encargado hacia 1541 por el virrey Antonio de Mendoza para enviarlo a Carlos V como retrato de la vida mexica, fue interceptado por corsarios franceses hacia 1553 y acabó, pasando por manos de cosmógrafos y eruditos, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, donde sigue. El Caribe y la costa americana fueron durante dos siglos zona de saqueo para corsarios y flotas enemigas, y a esa rapiña histórica se suma el expolio moderno y silencioso: el tráfico ilícito de lienzos de la escuela cuzqueña, de retablos y de orfebrería virreinal sacados de iglesias andinas por traficantes y coleccionistas, un goteo que ha vaciado capillas enteras sin que nadie lo cuente en un museo.
¿Qué hacer, entonces?
Primero, dejar de confundir los casos. Un saqueo militar como el de Soult es una cosa, una venta cuestionable como la de la Galerie Espagnole es otra, y una exportación legal pero lamentable como la de Hearst es otra distinta. Cada una exige una respuesta diferente, y mezclarlas solo debilita el reclamo. Segundo, catalogar con rigor. Faltan inventarios públicos de las obras españolas e hispanas dispersas, con procedencia, fecha de salida y estatus jurídico, y sin ese censo cualquier reclamación es retórica. Tercero, exigir transparencia a los museos: el Louvre, el Hermitage, el Met o Apsley House deberían contar en sus salas, sin eufemismos, la historia de cada pieza. Cuarto, usar el derecho internacional con realismo.
Las convenciones de la UNESCO de 1970 y de UNIDROIT de 1995 no son retroactivas, así que lo anterior se resuelve negociando, con préstamos, depósitos a largo plazo y canjes, como demostraron los acuerdos que trajeron de vuelta los frescos de Berlanga. En el mar, en cambio, el camino es otro: presionar para que más Estados ratifiquen la Convención de 2001 y litigar con la doctrina de la inmunidad soberana, que ya ha dado sus frutos. Y quinto, hacer todo esto junto con Hispanoamérica y Filipinas, no en su nombre ni a su costa, porque lo que se llevaron de allí era tan suyo como nuestro.
Lo que está en juego
La Hispanidad no es un desfile ni una nostalgia imperial. Es una forma de mirar y de crear que dio al mundo a Velázquez, Murillo, Zurbarán, Goya y el Greco, y que atraviesa catedrales, retablos americanos, campanas de Samar, galeones hundidos y cuadros que hoy cuelgan fuera. Quien presume de ella una vez al año y se desentiende el resto merece que le recuerden las salas de Apsley House. Defender este legado no consiste en inventar agravios, sino en conocer los hechos, nombrar a los responsables, incluidos los de casa, y reclamar con inteligencia lo que se pueda reclamar. Lo demás son discursos de balcón.
